PRONUNCIAMIENTO DE LA INSTANCIA ESPECIAL DE ALTO NIVEL CON PUEBLOS ÉTNICOS AUDIENCIA PÚBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
#UrgenGarantiasParaLaPaz
Bakata Bogotá, 2 de agosto de 2018
La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), conformada por delegados y delegadas de
la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales y de la Coordinadora Étnica Nacional
de Paz (CENPAZ), como órgano consultor, representante e interlocutor de primer orden ante la Comisión de
Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), saludamos a los
participantes de esta “Audiencia Étnica” que busca conocer y confrontar los avances en la implementación del
Capítulo Étnico y el Plan Marco de Implementación en los Acuerdos de Paz (PMI); así como establecer la ruta
de trabajo para los próximos años.
Saludamos a la Procuraduría General de la Nación y sus procuradurías delegas de: Paz y protección a los
derechos de las víctimas, Asuntos agrarios y restitución de tierras. Saludos a la comunidad internacional y las
organizaciones y comunidades que participan de este encuentro. A la vez que saludamos a los espacios de
interlocución que como la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indígenas (MPC) y Espacio Nacional
de Consulta Previa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras como escenarios
en los que se han avanzado alguno de estos debates.
INSTANCIA ESPECIAL DE ALTO NIVEL CON PUEBLOS ETNICOS - IEANPE
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Como Instancia Especial de Alto Nivel afirmamos públicamente nuestro compromiso al trabajo conjunto como
posibilidad de contribuir más efectivamente a la construcción de paz con ejercicio pleno de los derechos a la
igualdad y a la diversidad cultural de nuestro país.
Desde el inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC-EP), las organizaciones nacionales y comunidades en el territorio de pueblos indígenas y
afrodescendientes expresamos el total respaldo a la búsqueda de una solución negociada a más de 50 años
de conflicto armado en el país. En ese sentido, nos movilizamos conjuntamente para conseguir un espacio en
la Mesa de Negociación como pueblos étnicos y logramos incluir un Capítulo Étnico en el Acuerdo Final de Paz.
Este logro histórico incluyó una serie de principios, salvaguardas y garantías que promueven el respeto de los
derechos históricos adquiridos por los pueblos étnicos. En el entendido que los Acuerdos de paz son una política
de Estado que trasciende al gobierno actual, al gobierno entrante y a los próximos gobiernos, reconocemos el
avance que significa el acuerdo de paz y somos conscientes de los retos de su implementación, por lo tanto,
nos permitimos presentar un corto balance, resultado de dos días de trabajo en IEANPE, iniciado el 31 de julio
del año en curso.
Expresamos nuestra preocupación, frente al poco interés demostrado por el gobierno de Juan Manuel Santos
con el Capítulo Étnico, por la falta de garantías y condiciones institucionales, técnicas y operativas para que la
Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos pueda cumplir su desempeño. El Comunicado Oficial No
13 de la CSIVI de marzo del 2017 precisó las funciones de la Instancia Étnica en referencia al seguimiento del
Capítulo Étnico, el Plan Marco de Implementación y los Planes Cuatrienales y plurianuales de inversión; para
mantener canales de comunicación con las comunidades y las instancias oficiales de interlocución con el
Gobierno Nacional; para socializar ampliamente el enfoque étnico de los Acuerdos y mantener un diálogo
constante con la CSIVI y demás Instancias creadas por el Acuerdo Final. A un año de su constitución formal,
los representantes de pueblos y organizaciones indígenas, negras, palenqueras, raizales y rom, constatamos
que este pilar de participación diferencial NO ha recibido el respaldo necesario para cumplir con sus funciones
de acompañamiento efectivo y oportuno en el proceso de construcción territorial de paz al que hemos sido
convocados.
Instamos al gobierno entrante y saliente a que reconozca a la Alta Instancia Étnica como interlocutora de primer
orden en el proceso de implementación y a que garantice su funcionamiento. No se trata solo de compromiso
escrito en un documento histórico, sino de una necesidad urgente de inclusión social étnica para la mayor
legitimidad y eficacia del proceso de paz. El Ministerio del Posconflicto y el Ministerio del Interior, responsables
directos de este aspecto en el Plan Marco de Implementación en el periodo 2017 - 2026, tienen la palabra para
que la dilación no se convierta en un nuevo mecanismo de exclusión de la participación de los pueblos étnicos
del país.
Los pueblos indígenas y afrocolombianos hemos sido históricamente las principales víctimas de las violaciones
de derechos humanos en el País. Según el informe de Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el
26 de julio de 2018, se registran 330 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los
cuales, según los líderes étnicos, el 40% corresponden a indígenas y afrodescendientes.
Aunque el Capítulo Étnico ratificó el derecho de los pueblos étnicos a la consulta y consentimiento previo, libre
e informado, el proceso legislativo acelerado conocido como Fast Track, para aprobar la normatividad del
Acuerdo, supuso un retroceso preocupante en el ejercicio de este derecho, porque no respetaron los estándares
internacionales y nacionales; el gobierno se abrogó la potestad de decidir qué decretos o normas eran objeto
de consulta, sin concertar este mecanismo con las comunidades y pueblos negros e indígenas. Como resultado
se debilitó el ejercicio de este derecho; los pueblos indígenas fueron consultados para cinco decretos, mientras
que para el pueblo negro solo se consultó un proyecto, que surtió el trámite a través de correo electrónico.
Confiamos en que el gobierno entrante reconozca el derecho fundamental a la consulta y consentimiento Libre
Previo e Informado y no limite su ejercicio.
La reforma de la Ley 160/94 radicada en el congreso viola el principio de la no regresividad, particularmente en
lo establecido en el Decreto 2333 de 2014 respecto al derecho del acceso y uso a la tierra, tal como lo establece
el concepto emitido por la Procuraduría (e.g. por desconocer la tierra ancestral y el uso social de la tierra), y ha
sido advertido que serviría como una herramienta de despojo y a su vez para legitimar las tierras despojadas
a favor de las economías extractivas; incrementaría los conflictos inter e intra étnicos, y también desconocería
la autonomía ambiental y territorial. Así mismo, preocupa la falta de respeto a la ruta acordada para la consulta
previa de esta reforma. En ese sentido concluimos que el espíritu de este proyecto de Ley se encuentra en
contravía del Acuerdo de Paz.
Debemos resaltar que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales en el acceso a la tierra. En
información del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana (OTEC-PUJ), en
el marco de la alianza con la Coalición de la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI), y el Proceso de
Comunidades Negra (PCN) son 271 Consejos Comunitarios en situación de vulnerabilidad frente a las
amenazas de violencia, militarización, políticas económicas extractivista, entre otras dinámicas, por no tener la
titulación colectiva de sus tierras ancestrales y tradicionales.
De acuerdo con la información de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios
Indígenas (CNTI), en materia de legalización de territorios indígenas, con corte a julio de 2018, están radicadas
ante la ANT 820 solicitudes: 52% de constitución de resguardos, 44% de ampliación y 3% saneamiento. Con
relación a la implementación del decreto 2333 de 2014, se evidencia que después de 4 años de expedido se
han radicado104 solicitudes y hasta el momento no se ha expedido una sola resolución de protección
provisional de protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente
y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas.
Gran parte de estas solicitudes cuentan con 10 y hasta 20 años de haberse radicado sin tener un avance
significativo, se han presentado situaciones de pérdida de expedientes producto de los constantes cambios
institucionales y se presentan inconsistencias en la información debido a que se desconoce la fecha de solicitud,
el número estimado de hectáreas de las solicitudes y el estado detallado del proceso, lo cual imposibilita la
adopción de decisiones en materia presupuestal y la aplicabilidad de la norma.
Por otra parte los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento clave para reducir
las brechas existentes entre las zonas rurales y urbanas de Colombia. Los pueblos étnicos se han mostrado
comprometidos desde su puesta en marcha con el diseño de los PDET en sus territorios. Sin embargo, la
implementación de los programas de desarrollo ha presentado graves fallas desde su origen. Primeramente, la
concertación de la ART con las comunidades étnicas para el diseño de rutas étnicas de los PDET se hizo
tardíamente y sin la articulación suficiente con la Instancia Étnica y las organizaciones nacionales. Asimismo,
la construcción de las diferentes rutas étnicas para los 16 PDET se hizo con las comunidades locales lo que
supuso la fragmentación de las estructuras y dinámicas étnico-territoriales. Una vez aprobadas las diferentes
rutas étnicas, se han producido grandes retrasos en la celebración de las diferentes asambleas por falta de
financiamiento.
Exhortamos al nuevo gobierno a tomar nota de estas debilidades de los programas y a darle continuidad al
enfoque étnico de los PDET. Por un lado, exigimos que se complete el proceso de diseño de los Planes de
Acción para la Transformación Regional (PATR) a nivel sub-regional y que se dote de las partidas
presupuestales adecuadas para su correcta puesta en marcha. Asimismo, como Instancia Étnica ofrecemos
nuestra entera disposición a seguir siendo una entidad de consulta, asesoramiento y seguimiento de los PDET.
En materia de la participación efectiva y consulta de las comunidades y organizaciones representativas de los
pueblos étnicos en el diseño y ejecución del PNIS, si bien se ha reportado algunos acuerdos locales con
comunidades étnicas, no hay evidencia de una estrategia nacional, diseñada y concertada con las autoridades
tradicionales para cumplir con lo acordado en el capítulo étnico en este punto. En ese sentido, pedimos al
gobierno entrante que dé continuidad a la puesta en marcha de decreto diferencial y se comprometa a trabajar
de forma coordinada con la Instancia Étnica. Insistimos en que la erradicación voluntaria y forzosa de las matas
de coca no es una solución efectiva a la problemática, la solución está en el desarrollo de economías propias
desde nuestros territorios con los recursos suficientes para la transformación.
En cuanto las garantías para la participación política reiteramos que el Capitulo Étnico plantea que en la
circunscripción especial de paz, debe garantizarse la participación de las comunidades étnicas como principales
víctimas del Conflicto armado. Queremos enfatizar la importancia de que los pueblos étnicos somos parte
fundamental en la construcción de una estrategia de paz dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022,
que pasa por un ejercicio no solo de participación sino también de concertación. Los pueblos étnicos somos
también aliados clave para la implementación del Acuerdo para finalización del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera en Colombia, en especial de su Capítulo Étnico.
En los territorios étnicos el estado fue incapaz de llenar los espacios dejados por la insurgencia y las
comunidades, sus organizaciones líderes y lideresas siguen viviendo en crisis humanitaria. La intervención
institucional, como lo muestra el ejemplo del Alto Mira y Frontera en Nariño, en el marco de los acuerdos de
sustitución ha contribuido a esta crisis y a aumentar el riesgo de las comunidades étnicas, sus territorios y
derechos.
El capítulo y enfoque étnico del acuerdo de paz son la posibilidad de que el país en su conjunto avance en
superar las condiciones de desigualdad originadas en el racismo y discriminación racial y que han sido
acrecentadas por el conflicto armado interno. Consideramos que la implementación del capítulo y enfoque
étnico no ha sido integral, no ha existido una visión compresiva e integradora de sus distintos aspectos, sin
embargo guardamos la esperanza en que juntos podremos avanzar en su implementación que también es un
propósito de país que marca la vida de millones de colombianos y colombianas que aspiramos a vivir en paz y
sin discriminación racial.
Por último para la construcción de una paz completa, es imprescindible también que se continúe el proceso de
dialogo con el ELN y se llegue a un acuerdo que permita avanzar en el sueño anhelado.
#UrgenGarantiasParaLaPaz
INSTANCIA ESPECIAL DE ALTO NIVEL CON PUEBLOS ETNICOS - IEANPE
Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales: Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno
Mayor; Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano - CONPA (Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca - ACONC, Asociación
Nacional de Afrocolombianos Desplazados AFRODES, Conferencia Nacional Afrocolombiana CNOA, Consejo Laboral Afrocolombiano - CLAF, Foro Interétnico Solidaridad Choco FISCH,
Red Nacional de Mujeres Kambiri, Centro de Pastoral Afrocolombiana - Quibdó, Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN. CENPAZ: CONPI – CONAFRO
Informes: instanciapueblosetnicos@gmail.com @comisionetnica @Cenpaz_
Documentos: https://goo.gl/eSgyCV / Línea del Tiempo: https://goo.gl/rTVU3G
