2017

La Coordinación Étnica Nacional de Paz, emitió este 6 de Octubre un comunicado en el que rechaza rotundamente el Asesinato de 9 Campesinos a manos de la fuerza pública, en cabeza de la policía antinacóticos.

la Coordinación CENPAZ, recalca que la solución al problema de las drogas ilicitas no puede ser el asesinato a los campesinos y exige al Gobierno Colombiano a cumplir con el Acuerdo de Paz Pactado en la Habana Cuba y a parar con la erradicación unilateral Forzada.

A continuación El Comunicado:




“La paz con justicia social es territorial, Biodiversa y étnica”

Comunicado de la Coordinación Etnica Nacional de Paz y Organizaciones indígenas con asiento en la Mesa Permanente de Concertación ante los incumplimiento reiterados del Gobierno nacional a la implementación de los Acuerdos de la Habana


Bakatá - Bogotá, 7 de septiembre de 2017


"Pero el blanco es enemigo acérrimo del indígena[y del negro] que no golpea a la puerta del engaño; que no quiere las promesas que le venden barato; que huye del empleado público, quien se une con el latifundista, y con el abogado, para hacerle perder la finca y el semoviente."
Manuel Quintín Lame Chantre


Como parte de la gran familia de pueblos y comunidades étnicas que somos, Afrodescendientes, Indígenas, Raizales y Rrom, nos sumamos al llamado de nuestras comunidades y como integrantes de la Instancia de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, impulsores del Capítulo Étnico de los acuerdos,  la Coordinación Étnica Nacional de Paz -  CENPAZ, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC, la Confederación Indígena Tayrona– CIT y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO, rechazamos vehementemente los reiterados incumplimientos del gobierno colombiano a los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz con los pueblos étnicos, con las FARC y con la sociedad colombiana en general.

La Instancia de Alto Nivel con Pueblos Étnicos es un mecanismo de participación, representación, consultoría e interlocución de primer orden con la Comisión de Seguimiento, Verificación e Impulso a la Implementación de lo acordado den la Habana - CSIVI, y con las instituciones encargadas de la implementación. La Instancia surge de lo acordado en el punto 6.2 denominado el Capítulo Étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y es impulsora de la transversalidad de la implementación del enfoque étnico territorial, en la totalidad del acuerdo,papel que, en lo referente a Pueblos Indígenas, cumple en articulación con la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional.

Bajo ese entendido, la Instancia y organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación han puesto todos sus esfuerzos por cumplir con este papel histórico en la consecución de una paz estable y duradera y en la defensa de los derechos étnico territoriales de los pueblos, y ha venido construyendo propuestas con la mayor seriedad requerida, para la construcción del Plan Marco de Implementación - PMI, con enfoque étnico y territorial, que han sido presentadas al equipo técnico de la CSIVI FARC, dada la negación del gobierno nacional para reunirse con nosotros y nosotras, como pueblos originarios y víctimas del conflicto social y armado, incumpliendo lo acordado el 26 de mayo de 2017, donde se estableció el compromiso, a cargo del Departamento Nacional de Planeación, de socializarlo y consultarlo,   acuerdo reafirmado por el Ministro Guillermo Rivera ante delegados de la MPC.[1]

Igualmente, la Coordinación ÉtnicaNacional de Paz –CENPAZ, las organizaciones nacionales indígenas OPIAC, CIT y AICO, de manera autónoma e interna, hemos elaborado propuestas , las cuales se han hecho llegar a los correos institucionales de la CSIVI y de las instituciones de gobierno encargadas e la implementación[2], respecto de las cuales nunca hemos obtenido respuesta, y obviamente, no se han recogido en los desarrollos normativos del Acuerdo Final de Paz. El Gobierno Nacional de manera unilateral insiste en construir el PMI sin los aportes sustanciales que los pueblos indígenas y afrodescendientes hemos presentado en materia de indicadores y de la transversalidad del énfoque étnico de los acuerdos de la Habana.

Esta conducta abiertamente racista y discriminadora, demuestra el poco o nulo compromiso que tiene el gobierno nacional con el enfoque étnico y territorial en la implementación de los Acuerdos, haciendo evidente la urgencia de generar acciones sistémicas, que abran el camino a la eliminación del racismo estructural que impera en las diferentes instituciones del Estado y de la sociedad colombiana en general.

Esta situación no solo se está presentando con la construcción del PMI; desde diferentes regiones se vienen denunciando reiteradamente toda clase de incumplimientos a los Acuerdos con enfoque étnico/territorial por parte del Gobierno, en los territorios priorizados para la implementación; a nivel territorial son reiteradas las denuncias en contra de la Agencia de Renovación del Territorio -ART, responsable por el Gobierno de coordinar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, que no está llevando a cabo el proceso de la forma como está contenido en los Acuerdos en ninguna de las 16 subregiones priorizadas:

“Vemos con preocupación la forma como la A.R.T viene conformando los equipos de trabajo que dinamizarán, recolectarán, diagnosticarán y elaborarán la hoja de ruta en los próximos 10 años en los programas de desarrollo con enfoque territorial en los municipios de nuestra territorialidad, debido a la no concertación de la agencia con las autoridades étnico -territoriales y administrativas.
El enfoque reparador y la transformación estructural del campo  colombiano no se logrará sin la participación activa y directa de las comunidades afectadas por el conflicto armado interno. Municipios y pueblos reconocidos en los P.D.E.T, en el  caso concreto los pueblos étnicos (capitulo II, art 12 decreto 893 de 2017) cuya participación consideramos debe iniciar desde la fase de alistamiento (establecimiento de equipos de trabajo, dinámica y hoja de ruta)...”[3]
Así mismo, son conocidas las denuncias en relación con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS, contemplado en el punto 4 y las actuaciones de mala fé en Tumaco, el Catatumbo,Murindó, Policarpa, Leyva, Olaya, Santa Cruz y Charco - Chocó y en los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca: Buenos Aires, Suarez, zona rural de Santander de Quilichao, Caloto, Miranda y Corinto, donde se vienen presentando reiteradas denuncias sobre la forma en que el  componente del Gobierno, ha venido incumpliendo con la ruta de sustitución voluntaria, iniciando erradicación forzada y policiva en algunos casos, sin tener en cuenta los compromiso con las comunidades, y desconociendo en los territorios de los pueblos étnicos la  consulta y el consentimiento de la consulta previa libre e informada, tal como se desconoció en el Decreto Ley 896 de mayo de 2017 que crea el PNIS y no pasó por las instancias de Consulta de los Pueblos Étnicos.

Además de todo esto, la situación se torna mucho más delicada con relación a los reiterados casos de violación de derechos humanos a nuestros compañeros y compañeras en los territorios, son muchos los casos conocidos públicamente sobre amenaza, desplazamiento forzado y homicidio, que están sufriendo los líderes y las lideresas afros, indígenas y campesinas, muchos de los cuales han tenido que desplazarse a centros urbanos, sin ninguna garantía ni reconocimiento por parte del Estado, lo que incrementa así, las lógicas de desterritorialización y desombligamiento que trae consigo el conflicto, en épocas de posconflicto. Es el caso del compañero Pablo Musicue, gobernador del Resguardo Ondas del Cafre, en el municipio de Mesetas, Meta, del cual se conoció hoy que un grupo identificado como parte de las Águilas Negras, ofrece una suma de dinero por su muerte. De igual medida al Taita Camilo Rodríguez, autoridad indígena del Resguardo del Encano que ha recibido reiteradas amenzas de muerte por defender el derecho al territorio y la autonomía.

Frente a las múltiples situaciones que  contradicen los principios, salvaguardas y garantías de Capitulo Étnico del Acuerdo Final de Paz, no queda más que recordarle al Gobierno y a los diferentes grupos de interés que se niegan a permitir que Colombia inicie el tránsito hacia la construcción de una verdadera sociedad con justicia social para todos y todas:

Que nuestro objetivo común es la superación de todas las formas de exclusión social que han permitido las desventajas históricas de unos pueblos con relación a otros, la eliminación de las construcciones culturales en las cuales se fundamenta el racismo, la discriminación racial y el odio a la diferencia, nuestro objetivo son las transformaciones estructurales, y en ese sentido, exigimos que se cumpla la totalidad de lo acordado en la Habana. Comprendemos que los Acuerdos no son el fin sino un camino, por tanto, estamos listos y listas para proteger el trayecto que ya hemos realizado, he instamos a todos nuestros hermanos y hermanas a prepararnos para un escenario de debate y lucha, con el más sincero espíritu de unidad entre pueblos étnicos.



Coordinación Étnica Nacional de Paz -  CENPAZ – Organización Nacional de los Pueblos de la Amazonia Colombiana – OPIAC – Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama – AICO – Confederación IndígenaTayrona - CIT



[3]Comunicado Nro. 001, Coordinación ÉtnicaNacional de Paz–CENPAZ,en sus capítulos territoriales Antioquia – Chocó



Quibdó 05  de septiembre de 2017 

La Coordinación Departamental Étnica de Paz Antioquia y Chocó, en la cual se aglutinan mas de 300 organizaciones sociales y de base tales como, Consejos Comunitarios, Resguardos Indígenas, Cabildos Indígenas, Juntas de Acciones Comunales, Asociaciones y demás estructuras organizativas con una población de mas de 120.000 habitantes. Hemos convenido dar a conocer las siguientes: 

1. GENERALIDADES: 

1.1.Que el acuerdo de paz tiene por objeto traer grandes cambios estructurales para Colombia, sobre todo para las comunidades rurales y las zonas mas afectadas del pais, para lo cual se hizo una caracterización y diagnostico, a fin de tener la claridad necesaria sobre que zonas necesitaban atención urgente por parte del Estado Colombiano; compromiso este también asumido por parte de las Farc en su transito a la civilidad, la Comunidad Internacional y todos los actores que en el día día se la juegan por la implementación del acuerdo final. 

1.2.Que esta caracterización se hizo efectiva en el decreto 893 de mayo 28 de 2017 a través del cual se crearon los P.D.E.T, que en su numeral 4 establece las necesidades estrictas, en su numeral 4.1 criterios de necesidad y urgencia para la priorización de territorios. Que estos criterios son objetivos y de igual forma son de conocimiento publico tanto en Colombia como también en la comunidad internacional. 

1.3.Que el decreto 893 del 28 de mayo de 2017, en su articulo 3 estableció de forma clara y precisa los municipios y regiones objeto de priorización. 

1.4. Que el decreto 893 del 28 de mayo de 2017 en su articulo 12 hablo del enfoque étnico de los P.D.E.T. 

1.5.Que el decreto 893 en su articulo 7 estableció que la A.R.T seria la agencia gubernamental encargada de dirigir la construcción participativa de los P.D.E.T en los municipios priorizados. 

2. MANIFESTAMOS QUE: 

1. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET fueron pensados para lograr una transformación estructural del campo y la ruralidad Colombiana, para generar así un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. Art 2 decreto 893 de 2017. 

2. Vemos con preocupación la forma como la A.R.T viene conformando los equipos de trabajo que dinamizaran, recolectaran, diagnosticaran y elaboraran la hoja de ruta en los próximos 10 años en los programas de desarrollo con enfoque territorial en los municipios de nuestra territorialidad, debido a la no concertación de la agencia con las autoridades étnico - territoriales y administrativas. 

3. El enfoque reparador y la transformación estructural del campo colombiano no se logrará sin la participación activa y directa de las comunidades afectadas por el conflicto armado interno. Municipios y pueblos reconocidos en los P.D.E.T, en el caso concreto los pueblos étnicos (capitulo II, art 12 decreto 893 de 2017) cuya participación consideramos debe iniciar desde la fase de alistamiento (establecimiento de equipos de trabajo, dinámica y hoja de ruta) que la agencia debe cumplir para así llevar a feliz termino el mandato legal que tiene y poder hacer su tarea en la implementación del acuerdo final de paz suscrito entre el gobierno nacional y las Farc. 

4. Es necesario volcar la mirada hacia los territorios ya que estos requieren de medidas urgentes para la generación de situaciones que permitan mejorar la calidad de vida de sus pobladores y así poder vivir conforme al principio de la dignidad humana, para lo cual una de las alternativas es la generación de verdaderas oportunidades de empleo y el empoderamiento del trabajo organizativo y social, el talento de estos territorios esta subvalorado, es necesario darle su estatus e importancia. 

5. Instamos a los diferentes entes gubernamentales que tienen un papel principal, decisivo y preponderante en la implementación del acuerdo final a cumplir sus funciones como lo mandan los decretos y la ley, pero que de igual forma no desconozcan las instancias de gobierno propio y la transversalizacion a la cual debe ser sometido cada uno de los puntos a implementar en los territorios de pueblos étnicos, reconocido esto en el mismo texto final. 

6. Llamamos a que se den hechos que permitan generar lazos de confianza entre los responsables de cumplir e implementar el acuerdo final y el pueblo colombiano en su conjunto. La coordinación departamental étnica de paz Antioquia y Chocó, comprometidas con la implementación del acuerdo final de paz. 

Firman: 

ARIEL ANTONIO QUINTO MURILLO Integrante Instancia Alto Nivel con los Pueblos Étnicos para la Implementación del Acuerdo Final de Paz 

AURELINO QUEJADA Responsable Cenpaz Chocó Suplente Instancia Alto Nivel con los Pueblos Étnicos para la Implementación del Acuerdo Final de Paz 

JHOAN PEREA ROMAÑA Responsable Cenpaz Antioquia. Responsable Mesa Inter-Étnica Por la Paz y la Transformación Social del Municipio de Vigía del Fuerte Ant. 

ELEDWIN CABRERA PALACIOS Responsable Cenpaz Antioquia Responsable Mesa Interétnica Por la Paz y la Reconciliación del Municipio de Murindo Ant. 

YOBER SALINAS PALACIO Representante y Líder del Bajo Atrato y Darién. 

SINSON ROMAÑA Representante y Líder del Bajo Atrato y Darién. GLADIS ZUÑIGA Representante y Líder del Bajo Atrato y Darién. 

LIBINTONG MURILLO Representante y Líder del Bajo Atrato y Darién. 

Correo: Mesainteretnica@gmail.com

1 El documento original trae como respaldo las firmas a mano alzada de los aquí abajo firmantes, pero consideramos que por motivos de seguridad no es adecuado hacerlas públicas. Estas se pueden hacer llegar a las autoridades competentes de ser necesario. 

Intervenciones a la Honorable Corte Constitucional de Colombia en relación con los desarrollos legislativos para la implementación del acuerdo del fin del conflicto armado entre el Estado de Colombia y las FARC-EP en marco del proceso de vía rápida legislativo conocido como “Fast Track”


"Y hoy es el día en que suelto la paloma torcaz, para que vuele llevando el olivo de mi pensamiento convertido en idea y sea conocido por todos los hombres que me han odiado y me odian deseándome la muerte." Manuel Quintín Lame Chantre

Presentación

El proceso de implementación normativa del Acuerdo de la Habana cada vez se parece más un proceso de renegociación de lo acordado dada las intenciones del gobierno nacional de limitar los alcances y cambios en la estructura social colombiana que traen los acuerdos. En relación con los derechos de los Pueblos Étnicos la situación es más compleja, dadas las claras intenciones del gobierno nacional de desconocer derechos y salvaguardas que quedaron consignadas en la Capìtilo Étnico de los acuerdo (Numeral 6.2) saltando escenarios consagrados en la constitucion nacional y en la legislación internacional como el derecho a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado de desarrollos normativos o acciones que afecten la vida, el territorio o los usos y costumbres de las comunidades y pueblos Negros, Indígenas, Rrom, Raizales y Palenqueros.

Esta situación es evidente al ver como en más de 40 iniciativas legislativas que han reglamentado el acuerdo de la Habana, entre decretos, proyectos de ley, y los que se están tramitando en el Congreso de la República, aún bajo el entendido de la transversalidad del enfoque étnico, solamente 4 han sido sometidas a Consulta Previa en la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas y  con la Comisión Nacional de Diálogo para el Pueblo Rom, mientras se negó el derecho a la Consulta Previa de la totalidad de los desarrollos normativos al Pueblo Negro, dada la falta de voluntad política de Ministerio del Interior de dinamizar una ruta para el “Fast Track” con el Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras.

En este contexto el monitoreo, impulso, verificación y seguimiento a la implementación del acuerdo de la Habana y la afirmación del enfoque transversal étnico y de género, mujer, familia y generación viene siendo un desafío para los pueblos y un escenario en disputa con el gobierno nacional y hasta con las FARC-EP, dado el profundo desconocimiento de las cosmovisiones, cosmogonías y usos y costumbres de los pueblos Negros, Indígenas, Rrom, Raizales y Palenqueros que hay que recordar son fundamento de la identidad plurinacional, multiétnica y multicultural de la sociedad colombiana, y hacen gestión ecológica, protección de la biodiversidad y el patrimonio cultural de más de 40 millones de hectáreas del territorio nacional.

Por su parte la situación de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, donde participamos como CENPAZ junto con otras organizaciones y pueblos que construyeron el capítulo étnico de los acuerdos de la Habana y que confluyen en la Comisión Étnica de Paz, es así mismo un escenario en disputa con el gobierno nacional que viene desconociendo sistemáticamente las funciones de la Instancia consagradas en el Capítulo Étnico de los acuerdos, en un escenario de falta de confianza en el proceso de implementación y en la palabra de un gobierno que firma acuerdos para incumplirlos reiteradamente. A nivel territorial, se vienen desconociendo el derecho a la participación y la consulta de las comunidades y pueblos del proceso de implementación que se suman a situaciones muy dolorosas como el asesinato sistemático de líderes de las comunidades campesinas, excombatienes de las FARC y sus familias y de los pueblos étnicos en las regiones y territorios donde históricamente se ha desarrollado la guerra.

En medio de esos escenarios, desde la Coordinación Étnica Nacional de Paz - CENPAZ, seguimos caminando en esperanza en movimiento, generando propuestas, debate y articulación entre pueblos, con el campesinado y con los millones de jóvenes y organizaciones urbanas que reclaman su derecho a la paz como una bandera para construir una Colombia que se afirme en la diversidad de sus pueblos, sus culturas y rescate la apuesta por el Buen Vivir para todas y todos superando las condiciones de miseria que impone el capitalismo como sistema global.

Recordar que el control de constitucionalidad de los desarrollos normativos para la implementar el acuerdo de la Habana, quedo estipulado que se desarrollará por la Honorable Corte Constitucional y en esa revisión se hace un llamado a las organizaciones de la sociedad civil a que presenten sus intervenciones. En ese sentido adjuntamos nuestras consideraciones y propuestas en relación con los siguientes 4 decretos, sancionados presidencialmente a finales de mayo de 2017:

·             Decreto Ley 902 del 29 de Mayo de 2017 “por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral, contemplada en el Acuerdo Final, en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.
·             Decreto Ley 893 del 29 de mayo de 2017 “Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial-PDET”

·             Decreto Ley 885 del 29 de Mayo de 2017 “Por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia”.

·             Decreto 896 Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito –PNIS
COORDINACIÓN ÉTNICA NACIONAL DE PAZ – CENPAZ, Agosto de 2017



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