La agenda legislativa avanza a ritmo del fast track
en el Congreso mientras no existe claridad sobre la consulta previa que debe
hacerse a los grupos étnicos sobre la normativa pendiente de aprobación
08 Feb 2017
El Capítulo Étnico fue
uno de los ejemplos de presión política de indígenas y afrocolombianos que
logró ser escuchado en la mesa de La Habana, incorporado en el último momento,
el mismo día de la firma del primer acuerdo. Ahora el desarrollo de la consulta
previa que implica ese Capítulo Étnico -solo 4 páginas de 310- pone en
vilo su desarrollo, porque no puede ser desarrollado si no se consulta, porque
todos los componentes del acuerdo de paz deben ser construidos junto a los
grupos étnicos -Reforma Rural, Víctimas, Participación Política, Cultivos
Ilícitos..- y mientras afros e indígenas plantean diversas propuestas -que
pasan por negociaciones directas con las comunidades en los territorios- desde el Gobierno no hay claridad sobre la ruta para hacer las
consultas.
Mientras la implementación de los acuerdos vía fast track lleva un acelerado desarrollo
normativo, la consulta a los grupos étnicos no lleva el
mismo ritmo, los tiempos no están acompasados y algunos actos
legislativos ya se han realizado sin esa consulta. Al menos, el 31 de enero
quedó por fin constituida la Instancia Especial de
Alto Nivel para los grupos étnicos que debe velar porque la
interpretación e implementación de lo pactado en La Habana tenga un enfoque
étnico. Lo ha hecho, sin embargo, con dos meses de retraso sobre la Comisión de
Seguimiento, Impulso y verificación (CSIVI) de los acuerdos de paz, donde debe
ser consultora e interlocutora. Otro ejemplo de los dos ritmos. Las garantías
de seguridad para los líderes de los grupos étnicos, es otra de las grandes
preocupaciones.
Equiparar la velocidad del fast track con la compleja ruta de la consulta
previa es el reto para desarrollar el capítulo étnico. Ese fast track es una de las principales
preocupaciones en estos momentos, reconoce Ariel Palacio, de la
Comisión Étnica para la paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, porque
“el capítulo étnico establece unos alcances de los pueblos étnicos que los
vincula a la revisión de cada una de las iniciativas legislativas, en
tanto pudieran afectar derechos de los pueblos, tanto en lo territorial
como en lo político, en los aspectos ligados a la sustitución y tratamiento de
los cultivos ilícitos y frente a la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Daniel Garcés Carabalí, del Proceso de Comunidades
Negras (PCN), cree que la Instancia deberá permitir que los grupos étnicos
puedan “participar, hacer seguimiento y también orientar”, tanto a las
FARC, como al Gobierno, en materia de protección de sus derechos en el actual
contexto de paz y en la desmovilización de las FARC, pero también plantea la
necesidad de “implementar acciones estructurales en los
territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrocolombianos“.
Para ello
se necesita el proceso de consulta previa. Aquí, el Capítulo Étnico de los
acuerdos consideró como salvaguardia y garantía para la interpretación e
implementación de los acuerdos de paz que se “respetará el carácter principal y
no subsidiario de la consulta previa, libre e informada”. Esto quiere decir que
se deberá hacer consulta previa a los grupos étnicos sobre todos los
componentes del acuerdo que se den en el proceso de implementación y que
afecten directamente los intereses colectivos de estas comunidades.
Sobre la forma de esa consulta previa, Aiden Salgado, líder palenquero y miembro de
la Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ), cree que es esa Instancia de
Alto Nivel la que debe construir el protocolo de la consulta previa y que esto
debe hacerse desde el principio fundamental de los acuerdos de La Habana,
“respecto a que se debe hacer con la comunidad en el territorio, no con las
organizaciones, ni con los individuos, ni con ese espacio (en referencia a la
Instancia de alto nivel de los grupos étnicos)”. A su juicio, una de las
funciones de esa Instancia debe ser facilitar las condiciones para que sean las
comunidades que afronten la consulta previa y dar el acompañamiento que
ellas requieran en “apoyo técnico, político y académico”
El caso de los grupos indígenas es un poco
diferente debido a que ya cuentan con un órgano de interlocución, que es la
Mesa Nacional de Concertación de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, hay un
sector de organizaciones que cree que se debe ir más allá ya que algunas de
ellas no están representadas en ella. Luz Mery Panche, de
la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI), explica que al no tener
organizaciones en la Mesa de Concertación “tenemos que llegar a un acuerdo con
la ONIC para que se permita nuestra participación”. Su objetivo es, al igual
que señalaba Salgado, que el proceso de consulta previa “se haga directamente
con las comunidades en los territorios donde se va a iniciar la implementación
y que eso no se vuelva ese espacio de negociación en donde solo quienes están
en la mesa de concertación terminen tomando decisiones a nombre de todos los
pueblos indígenas del país”.
La agenda legislativa va avanzando al ritmo del fast track en el Congreso de la República a pesar
de que todavía no existe claridad en la ruta o protocolo que se debe tener para
la consulta previa. A juicio de Palacio, de la Comisión Étnica para la
Paz, la propuesta para salir de esta situación “tendría que reconocer,
por ejemplo, la crisis que tiene el movimiento social afrodescendiente con
relación a su participación política y en la determinación de lineamientos de
política que afectaría a sus territorios”.
Y junto a todo ello ronda otra preocupación
latente, la de las garantías de seguridad para los
liderazgos que poseen los pueblos étnicos. Para Luz Mery Panche, uno
de los “desafíos” más importantes para la implementación del capítulo étnico es
que “el Gobierno se responsabilice de la seguridad y protección de los
dirigentes de nuestras organizaciones, porque vienen siendo amenazados,
asesinados y así lo hemos manifestado al ministro del Interior”.
El
capítulo étnico reconoce el aporte que los grupos étnicos han hecho en materia
de construcción de paz en Colombia, así como los aportes al desarrollo
económico y social del país. De manera particular, este pacto admite que los
grupos étnicos “han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto
del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de
sus tierras, territorios y recursos”
Los desafíos
son muchos y las expectativas de los grupos étnicos se entrelazan con sus
múltiples propuestas para lograr avanzar en la implementación de un acuerdo que
acabará con un conflicto de 50 años en donde las afectaciones e impactos han
sido calificados por estas organizaciones como “desproporcionados” para el
caso de las comunidades y territorios afrocolombianas e indígenas.
“Nosotros
a nivel de los grupos étnicos necesitamos una adecuación
institucional que posibilite que efectivamente haya implementaciones directas
con los pueblos afros, en materia de lo que tiene que ver con los
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, lo que tiene que ver con la
reincorporación de los excombatientes de los grupos étnicos, lo referido a la
participación política”, cierra Daniel Garcés,
alertando también sobre el vacío que existe en términos de representación
política de los Afrocolombianos en el Congreso de la República, debido a que
aún no se resuelve la ausencia de representación en las dos curules que tienen
gracias a la ley 70 en la Cámara de Representantes.
