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julio 14, 2018 ,


Por: LUZ MERY PANCHE Integrante Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos – CSIVI.


En mayo de 2017, cuando se expide el Decreto Ley 893 sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, se determina que la región Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, estará conformada por los 16 municipios que conforman el departamento del Caquetá mas el municipio de Algeciras Huila, en total 17 municipios.

El Caquetá es un departamento Amazónico con una extensión de 88.965 Km cuadrados y 510.047 habitantes (1), con problemáticas históricas como la pobreza que alcanzó una incidencia de 35,1%, mientras a nivel nacional fue de 26,9% en 2017 (2), agravada por el conflicto armado, la débil presencia institucional, el avance de economías ilegales y graves procesos de deforestación, entre otras.

En 14 de los 16 municipios que conforman este departamento se encuentran aproximadamente 10.200 personas pertenecientes a los pueblos indígenas Uitoto (Muruy Muina), Koreguaje, Embera Chamí, Nasa, Pijao, Misak, Inga, algunas familias Tucano. Piratapuyo, y Andoke.

Actualmente existen en el departamento 48 Resguardos, 14 parcialidades y 17 asentamientos urbanos, resultado del conflicto armado, que abarcan territorialmente el 7.2% (642.144 Has) del total territorial del departamento, que en su mayoría se encuentra en áreas de conservación.

Aunque gran número de familias indígenas poseen territorio, su situación socioeconómica es muy precaria, sus comunidades se encuentran muy alejadas de los centros urbanos dificultando el acceso a servicios. La producción agropecuaria es incipiente y gira en torno a la producción de alimentos para el sustento familiar que se ha venido deteriorando poniendo en riesgo de desnutrición a toda la población.

En agosto 27 de 2017, se iniciar reuniones de acercamiento entre la Agencia de Renovación del Territorio – ART y las Autoridades Indígenas en el marco de la Mesa Departamental de Concertación – MDC, creada por Resolución 001744 de 2015. En este espacio las Autoridades Tradicionales delegan una Mesa Técnica que elabora y presenta la propuesta de ruta, presupuesto y equipo técnico para la construcción, en el marco del Mecanismo Especial de Consulta – MEC (Articulo 12, Capitulo II del Decreto ley 893 de 2017), del capítulo indígena del PDET Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño que se ajusta en septiembre 19 de 2017.

En febrero y marzo de 2018 se vuelven a programar mesas de trabajo que se levantan por incumplimientos de la ART que se denuncian públicamente y finalmente en mayo 8 de 2018 se retoman compromisos con delegados nacionales de la ART.


Entre los acuerdos se resaltan:

1. La construcción del capítulo indígena del PDET Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteño, se realizara en el marco del Mecanismo Especial de Consulta (Decreto ley 893 de 2017) que se enmarca en el Derecho fundamental de la Consulta Previa según Convenio 169 de OIT acogido por la Ley 21 de 1991 según quedó establecido en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

2. La ruta establecida contempla reuniones comunitarias en cada resguardo, parcialidad y asentamiento, garantizando amplia participación de mayores, mujeres, jóvenes y niños con quienes se hará pedagogía de Acuerdo de Paz y su implementación, del capítulo étnico, del Decreto ley 893 de 2017 y de la ruta para construcción del capítulo indígena del PDET.

Una segunda fase contempla la planeación estratégica a diez años, desde la base teniendo como sustento los planes de vida, planes de manejo ambiental y demás herramientas de planeación trabajada por las comunidades.

En algunos municipios se llevarán a cabo reuniones municipales indígenas para priorizar propuestas que serán acogidas en los planes de desarrollo municipal para próximas administraciones.

Prosigue la fase de asambleas por pueblos para priorizar acciones contenidas en los diferentes planes de Salvaguarda y Políticas Publicas y se plantea al final un trabajo conjunto que ajuste y recoja las propuestas regionales con la protocolización del Mecanismo Especial de Consulta.

3. Al principio se planteó que el tiempo de ejecución de la ruta seria de siete (7) meses, empezaremos en julio de 2018 con un equipo de 14 técnicos indígenas, avalados por cada organización en los municipios.

4. Los días 21 y 22 de junio de 2018 se hace la instalación del MEC, el equipo técnico estará contratado hasta finales de julio por la transición del nuevo gobierno y se espera que se reanude, sin traumatismos, la contratación hasta terminar el proceso de construcción del PDET.

5. Toda la ruta será financiada por la ART y la protocolización o cierre del proceso se hará en la Mesa Departamental de Concertación Ampliada como punto final de la ruta.

6. Se realizarán reuniones periódicas cada dos meses para hacer seguimiento y evaluación de ejecución de la ruta y se propone que a finales de julio se aborde la primera reunión de seguimiento para preparar documento inicial que se presentaría en septiembre de 2017, mientras se sigue desarrollando la ruta establecida.

7. Se propone a la ART facilitar encuentros regionales con otros sectores sociales para dialogar sobre contextos territoriales, problemáticas sociales, ambientales, culturales, visiones de desarrollo y propuestas de carácter regional.

8. Los espacios con instituciones también se plantean para la articulación y ejecución del PDET

Para el movimiento indígena del Caquetá, es muy importante el posicionamiento político de la Mesa Departamental de Concertación como espacio de unidad de los pueblos y para el dialogo y la concertación con instituciones y organismos internacionales que permitan concretar en cada comunidad el ejercicio de derechos para superar la extinción física y cultural de los pueblos.

La construcción del PDET plantea también el reto del dialogo intercultural que permita visibilizar propuestas conjuntas con el resto de sectores sociales como punto de partida para la construcción de alternativas de administración y gobernabilidad del territorio amazónico que permita la reconciliación y la armonía no solo en la convivencia humana, sino también con el territorio.

Resolver de entrada los conflictos territoriales y las necesidades de tierra, son apuestas que priorizan los pueblos indígenas del Caquetá, el cuidado del agua y de la Amazonía como pulmón del planeta, Caquetá como parte de la región amazónica y la concertación con el gobierno nacional frente al desarrollo extractivista que se planea desde Bogotá y que pone en grave riesgo el equilibrio ambiental que ya está bastante deteriorado.

Existen muchas incertidumbres sobre el avance del proceso de construcción y ejecución del PDET, la articulación con el PNIS, resolución de los conflictos ambientales y territoriales y demás aspectos de la implementación con el nuevo gobierno.

Consideramos que el éxito en la construcción y ejecución del PDET, así como de toda la implementación del Acuerdo de paz, depende de la apropiación que hagan las comunidades campesinas, indígenas, afros y demás gremios y organizaciones presentes en el Caquetá, de no ser asi, tanto el PDET como el mismo Acuerdo quedaran en letra muerta y las comunidades afrontando la agudización de todas las problemáticas. LMP.




1 www.datos.gov.co . Datos a 2017.

2 www.dane.gov.co . Datos a 2017

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junio 21, 2018 ,

Durante un año, dos cineastas estadounidenses y un productor colombiano siguieron los pasos de dos defensores de derechos humanos amenazados de muerte en el Norte del Cauca: Feliciano Valencia, líder indígena nasa, y Héctor Marino Carabalí, líder afrodescendiente. Tiempo: 20:45 minutos Un documental de: Directores: Emily Wright / Tom Laffay Productor: Daniel Bustos Echeverry
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junio 01, 2018 , ,

“Canto a la Coca
Hoja de koka bebe rocío de la mañana,
mirada del abuelo es alegre.
Pájaro azul canta en limonar maduro,
 colores de arco iris se desvanecen.
Mastico koka, al abuelo observo,
oigo al pájaro azul
huelo el aroma de limón
y me voy a la montaña
 con colores de arco iris.”
 Fredy Chikangana (Poeta YanaKuna)

Ponencia Hector Carabali, Vocero CONAFRO y CENPAZ

Los pueblos Étnicos tuvimos la oportunidad de asistir a la mesa de la habana para expresar nuestras preocupaciones en cuanto al componente étnico en los acuerdos de la habana que para ese momento no estaban incorporados en los acuerdos, pero que luego de una sesión en la mesa de diálogos tanto la Farc como el Gobierno reconocieron Las luchas históricas que hemos dado como pueblos étnicos, así como de las afectaciones en el marco del conflicto social y armado que vive el país y los aportes significativos que hemos hecho como pueblos en el desarrollo de esta sociedad, a través de este reconocimiento la mesa asume incorporar el componente étnico en el Acuerdo de la Habana, producto de ese compromiso queda establecido en el acuerdo lo que conocemos como el capítulo étnico, El cual es la salva guarda para los derechos políticos económicos sociales y culturales de los pueblos indígenas, y las comunidades afrodescendientes. Cómo pueblos étnicos tenemos unos espacios legítimamente establecidos (punto 6.2 del acuerdo de paz)

EN MATERIA DE CONSULTA PREVIA

No hemos sido los Pueblos quienes hemos banalizado  o desviado el uso  sagrado y benevolente que las plantas que la naturaleza nos obsequió para nuestra protección, por lo contrario, somos nosotros la herencia de un conocimiento profundo frente a sus propiedades materiales  y elementales espirituales; Somos hoy nosotros mensajeros de la sabiduría bondadosa de la Madre Tierra. Fue la enfermedad y el desequilibrio de las sociedades que endiosaron el dinero y ambicionaron manipular las plantas para controlar los cuerpos, quienes desvirtuaron el  inmenso valor de la Naturaleza. Por su parte, conocemos, en carne y hueso, los efectos nocivos del fenómeno del narcotráfico, el narco –capitalismo y la biopiratería, no solo por el impacto físico y cultural frente a nuestras comunidades sino también por las afectaciones que se han  generado sobre nuestros territorios colectivos-, por esto,  sin duda, nos reviste de gran interés participar y ser parte del diseño e implementación de una política publica que realmente sea integral en la búsqueda de alternativas a esta problemática. La integralidad implica que el contenido de las medidas, actuaciones,  procedimientos, y/o programas  que se contemplen dentro del Sistema de Sustitución de cultivos de uso ilícito, sea respetuosa y garante de las diversas perspectivas y posturas que se encuentran involucradas en esta apuesta común por generar soluciones holísticas al fenómeno.

En este sentido,  la Coordinación Étnica Nacional de Paz – CENPAZ, insiste para que sea explicito, concreto y veras, la incorporación de la garantías y salvaguardas de los pueblos étnicos en la implementación del Sistema Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, entre estas, el respeto y obligación de todos los actores institucionales encargados del diseño e implementación del Sistema, de consultar e integrar la participación de los pueblos étnicos en las medidas y actuaciones que se adopten.

Como sabemos, el Decreto Reglamentario 896 de 2017 no fue consultado a la Mesa Permanente de Concertación, ni con la alta consultiva afro, y frente a las intervenciones ciudadanas realizadas a la Corte Constitucional, en el  marco del control de constitucionalidad de las Leyes del Fast Track, esta señalo que no se configuraba ninguna omisión legislativa relativa, pues el Decreto 896 de 2017 no contenía exclusiones constitucionalmente censurables, sino la posibilidad voluntaria de participar en un Programa gubernamental, dispuesto en el escenario de implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto, cuyo objetivo central es la realización del derecho constitucional a la paz, establecido en el artículo 22 de la Constitución y la realización de los fines constitucionales de convivencia pacífica y del orden justo, contenidos en el artículo 2 de la Carta Política. Igualmente dijo que tampoco se configuraba una desigualdad negativa frente a las comunidades indígenas y de afrocolombianos, quienes estaban en la posición jurídica de participar voluntariamente en el Programa de Sustitución, resultando beneficiarios de las políticas de seguridad, infraestructura y beneficios comunitarios allí dispuestas.

Dentro de la misma línea de argumentación, la Sala concluyó que no había lugar a la realización de una consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes, por no haber afectación directa de las mismas, en la medida que el Decreto Ley 896 de 2017 desarrolla una política pública de carácter general y no contiene enunciados normativos que impongan mandatos o cargas a los grupos étnicos, de modo tal que pudieren resultar afectados por sus normas. Se trata propiamente, de la creación y desarrollo de un Programa Alternativo al de erradicación forzada de cultivos ilícitos en esos mismos territorios, que opera en la dimensión simplemente criminal del asunto. Según lo dicho,  la norma examinada establecía medidas de redención y progreso en un escenario de participación y cooperación mutua, en el que tienen cabida todos los habitantes de esas zonas geográficas, que descarta la necesidad de realizar consultas previas, al no haber afectación directa de la identidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y afrodescendientes, ni de sus territorios”.

Al respecto, reiteramos que omitir la especificidad y singularidad, continua excluyendo la particularidad de las acciones que si impactarían de manera diferencial a beneficiarios del PNIS y los PISDA,  que pertenezcan a comunidades, pueblos o naciones étnicas, cuando estas medidas no han sido concertadas.  Para que el Sistema sea integral, debe comprender  que  frente a una política publica de sustitución, el asunto no solo se aborda dese una dimensión criminal, puesto que  es un fenómeno complejo que involucra lo económico, lo social y lo cultural; y en este campo existe diversidad de propuestas.  Incluso en lo criminal, es importante resaltar la coexistencia de Sistemas Jurisdiccionales donde las medidas y procedimientos deben estar articulados, por ejemplo, en el tema de tratamiento penal diferenciado para miembros de comunidades o pueblos étnicos.

SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE TRATAMIENTO PENAL DIFERENCIAL

Esta iniciativa de ley como muchas otras en el marco de la Implementacion de los Acuerdos, a pesar de que muchas de sus modificaciones afectan directamente a las comunidades y pueblos indigenas y afros, no ha sido consultada en las diferentes instancias creadas para la proteccion de los pueblos étnicos.

Es necesario recarcar que dado que este proyecto de Ley de Tratamiento Penal Diferencial pretende ser un desarrollo del Acuerdo Final de Paz, se debe tener en cuenta las denominadas Salvaguardas sustanciales para la interpretación e implementación que están contenidas en el Capítulo Étnico del Acuerdo, entre las cuales se establece de manera específica que para la implementación del punto relativo a los cultivos de uso ilícito, se garantizaría la consulta y participación de las comunidades y organizaciones representativas de los pueblos.

Importante decir que así como estos pueblos fueron afectados de manera diferencial por las dinámicas de la confrontación armada, también la condición de especial vulnerabilidad tuvo repercusiones en la vinculación de miembros de los pueblos y comunidades en actividades ilícitas relacionadas con los cultivos de coca, amapola y marihuana.

Ahora bien, sobre la situación de Derechos Humanos en medio de la cual se desarrolla la implementación del PNIS estamos en el deber de señalar que pese a la reducción significativa de los hechos en el marco de la confrontación armada, las condiciones de seguridad y garantías para las comunidades, y especialmente para quienes impulsamos la implementación del Acuerdo de Paz, no son las mejores, y por el contrario tienden a deteriorarse cada vez más.

La gravedad de esta situación, ha sido referenciada en pronunciamientos de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones de Estado colombiano. La Defensoría del Pueblo, entidad del orden nacional, ha evidenciado en varios de sus recientes informes, la existencia de un ejercicio generalizado de la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, materializado en 134 homicidios durante el año 2016. La mayor parte de estas muertes ocurrieron en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca. Adicionalmente, se reportaron 33 casos de atentados, 5 casos de desaparición forzada y por lo menos 500 amenazas individuales y colectivas.

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 27 de febrero de 2018, la Defensoría del Pueblo indicó que se presentaron 282 homicidios de personas dedicadas a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos, situación que había sido  alertada, un año antes, cuando ese mismo organismo identificó que 345 organizaciones sociales compuestas por indígenas, afrodescendientes, campesinos, sindicales, víctimas, población con orientación sexual y de género diversa, ambientales, de reclamantes de tierras, mujeres, jóvenes y estudiantes, estaban en riesgo. Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos señalan que la cifra de asesinatos en los años 2016, 2017 y lo que va corrido del 2018 supera los 300.

En el caso particular del departamento del Cauca, de donde soy oriundo se destaca que del total de homicidios en los años 2016, 2017 y lo que va corrido del año 2018, 91 tuvieron lugar allí. Desde la constitución de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM en enero de 2017, a la fecha, 31 de nuestros compañeros todos líderes de la sustitución voluntaria, gradual y concertada, han sido asesinados.

Contra toda adversidad hemos seguido impulsando la implementación del PNIS, poniendo inclusive en riesgo nuestras vidas y la de nuestras familias, Por esta razón queremos denunciar la violación sistemática a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado, y la ausencia del enfoque étnico y de mujer, familia, género y generación en las iniciativas de ley que se han presentado, así como está ocurriendo con esta. Los pequeños cultivadores y cultivadoras no somos otra cosa que victimas del flagelo del narcotráfico y las drogas ilícitas en Colombia, pero la forma como se viene desarrollando algunos componentes del PNIS en los territorios, la masacre de los 6 compañeros en octubre del año pasado en Tumaco, da a entender que el Estado nos ve como si fuéramos los enemigos.

En vista de lo expuesto, solicitamos al Congreso que:

· Se desarrolle  el componente étnico del PNIS y de los PISDA, a través de instrumento normativo que tenga efectos en la formulación, diseño e implementación de la Política pública de Sustitución. Igualmente, reconocer la Instancia Especial de Pueblos Étnicos como actor valido para la interlocución, consulta y representación de la  implementación normativa y administrativa  del Capítulo Étnico del  Acuerdo Final de la Habana.
· Se Reconozca los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca,  a través de instrumentos normativos,  como estrategia conexa a  la política pública de Sustitución.
· Se Reconozca el valor  científico y los usos medicinales del Cannabis y la Amapola, a través de instrumentos normativos,  como estrategia conexa a  la política pública de Sustitución.
· Se modifique la expresión “Y que no hayan realizado siembras posteriores al 10 de julio de 2016”, en el entendido que a la fecha, no existe la suficiente difusión, pedagogía y   garantías del Sistema Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
· Se desarrolle una estrategia de protección a los derechos humanos de los y las  cultivadores que sean beneficiarios de PNIS y los PISDA –a fin de evitar erradicación forzada y mecanismos violentos de sustitución.
· Se desarrolle una componente pedagógico del PNIS desde la perspectiva de los pueblos étnicos.
· Se desarrolle una estrategia de articulación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria, para el tema de tratamiento penal diferenciado.
· Se reconozca el cultivo de coca, marihuana y amapola de los pequeños cultivadores afros e indígenas como una alternativa económica para la supervivencia allí donde es Estado no tenía presencia.
· Se reconozcan las afectaciones especiales que la participación en la siembra de coca, marihuana y amapola ha tenido en la vida de las mujeres étnicas, (afrocolombianas e indígenas) y en esa medida se creen leyes, planes y programas que garanticen el tratamiento diferencial tanto en materia penal, como en otras dimensiones de carácter psicosocial de las mujeres.
· Que se garantice el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional como las guardias indígenas y cimarronas, dando cumplimiento también a lo acordado en capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz.
· Que se garantice la protección de los líderes y lideresas sociales que están siendo amenazados y desaparecidos en sus territorios por actores armados que han copado los espacios que dejo la antigua guerrilla de las FARC.

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abril 09, 2018
Bakata / Bogotá, 9 de abril de 2018

Las Organizaciones que convergemos en la Coordinación Étnica Nacional de Paz CENPAZ, que hacemos parte de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos IEANPE, establecida en el punto 6.2 del Acuerdo de Paz, DENUNCIAMOS ante la comunidad nacional e internacional las graves afectaciones que como Pueblos Étnicos nos traerá la aprobación de los Proyectos de Ley radicados por el Gobierno Colombiano en días pasados ante el Congreso de la Republica.

1. VIOLACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA CONSULTA PREVIA.  Los Pueblos Étnicos tienen los espacios oficialmente instituidos para surtir este proceso: La Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indígenas, El Espacio Especial de Consulta Previa con el Pueblo Negro, Afro, Raizal y Palenquero y el Espacio Especial con el Pueblo Gitano, sin embargo, ambos proyectos de Ley se radicaron ante el Congreso de la Republica sin pasar anticipadamente por estos espacios. Cabe anotar que la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos tampoco ha tenido la oportunidad de asesorar a la CSIVI en los dos proyectos radicados.

“Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que procedan. En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa libre e informada respetando los estándares constitucionales e internacionales.
Se incorporará un enfoque trasversal étnico, de género, mujer, familia y generación.
En ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos”.

2. Proyecto de Ley por medio del cual se autoriza la adjudicación o el uso de baldíos en reservas protectoras – productoras y de reservas de la ley 2 de 1959, sin sustracción y se dictan otras disposiciones. En las seis (6) zonas de Reserva Forestal que trata la Ley 2 de 1959, habitamos los Pueblos Étnicos con serias dificultades para la seguridad jurídica de la propiedad en forma de Resguardos y Territorios Colectivos de Comunidades Negras, falta de claridad sobre linderos de los territorios colectivos legalizados y procesos de retorno y reubicación que no se han adelantados. La implementación de esta norma despojaría de la tierra a los dueños originarios del territorio y propiciaría la legalización de la acumulación fraudulenta de grandes extensiones de tierra a los empresarios de monocultivos y entregaría nuestros territorios a las empresas minero energéticas en zonas tan frágiles como la Selva Amazónica, región de la cual el gobierno saco a través de actos administrativos a los departamentos de Putumayo y Caquetá para evitarse las sanciones internacionales sobre calentamiento global, declarándolos distritos minero especial y región del piedemonte andino, entregando todo este vasto territorio a las empresas mineras y petroleras en concesiones.

3. Proyecto de Ley Por medio del cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores. A pesar que en el Capítulo Étnico se salvaguarda el uso ancestral de la planta sagrada de coca, el Decreto Ley sobre PNIS no fue consultado con los Pueblos Indígenas, ni incluye lo establecido en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. Teniendo en cuenta la exclusión a que hemos sido sometidos tanto por el Gobierno Nacional como por la Corte Constitucional, en algunos territorios colectivos de los Pueblos Etnicos se judicializara a aquellos que han tenido que recurrir a la siembra de cultivos de uso ilícito para sobrevivir a las condiciones de miseria a que hemos sido condenados.

Por todo lo anterior:

1. Nos solidarizamos con los campesinos de Colombia que van a ser judicializados por intentar sobrevivir a la miseria, recurriendo a los cultivos de uso ilícito, los cuales también serán despojados a través de la extinción de dominio y terminarán en las cárceles, solo por intentar resolver la comida de sus familias.
2. Denunciamos la Violación Sistemática del derecho fundamental de la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado y por lo tanto, de la ausencia del enfoque étnico y de mujer, familia y generación en los proyectos de ley presentados.
3. Responsabilizamos al Gobierno Nacional y al Estado Colombiano en su conjunto por incumplir con la Implementación Idónea del Acuerdo de Paz, para legalizar el despojo y criminalizar a quienes hemos padecido directamente las consecuencias de la guerra, que no tenemos tratamiento de Victimas sino de Victimarios.
4. Responsabilizamos al Gobierno Nacional y al Estado Colombiano en su conjunto por no dar cumplimiento a los Autos 004, 005 y 006 del 2009, donde la Corte Constitucional advierte que los Pueblos Etnicos nos encontramos en riesgo de exterminio físico y cultural y obliga a la protección especial de los Pueblos Etnicos.

#NoHayPazSinPueblosÉtnicos

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marzo 05, 2018



Sobre el estado actual de la Implementación y los reiterados incumplimientos del Gobierno Nacional a las FARC

                        “Si hemos de ser mujeres y hombres nuevos, debemos dejar de trabajar por nada, de competir unos contra otros por lo poco que nos permiten poseer"
George Jackson en "Soledad Brother: Cartas de prisión".
Hasta para el mas miope de los observadores, es claro que en lo que va corrido del segundo semestre del año, es decir, cuando más se acerca el periodo político electoral, todo lo relacionado al Acuerdo Final de Paz con las FARC – EP se va tornado más difícil. Las élites políticas dominantes asumen un discurso cada vez más reaccionario frente a la implementación de los Acuerdos y, paralelamente, tratan de cerrar espacios a la necesaria participación política de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, intentando, por todas las formas, de frenar la implementación de los Acuerdos y quebrar el entusiasmo de los excombatientes guerrilleros por la posibilidad de una vida diferente.
Esas posiciones más que confrontar ideas o propuestas de cambio, muestran, primero el egoísmo de las elites dominantes frente al conjunto de la sociedad colombiana, y segundo, el miedo a enfrentar, desde el escenario democrático,  a las FARC como fuerza política democrática, lo que deja ver también que el fundamento democrático del que tanto se jactan, no es más que retórica y demagogia.
En la última semana hemos visto como dos procesos que son claves para la Implementación, han sido literalmente boicoteados por sectores retardatarios, que a partir de un falso discursos moral, quieren impedir que pilares de la Implementación de los Acuerdos, como son la justicia transicional y la participación política en el marco de la ampliación democrática, sean una realidad en un contexto político de construcción de paz.
Es invidente como las elites políticas ponen a su servicio el favor de los estamentos de Poder en Colombia para su benéfico. Por un lado se valen de cualquier artimaña para bloquear la aprobación de la JEP por parte del congreso he impedir que ese mecanismo especial de justicia empiece a funcionar, y por el otro, apenas se da a conocer públicamente la intención de las FARC para participar en las próximas elecciones con la presentación de sus candidatos, se reúne por primera vez la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, integrada por las cabezas de diferentes órganos de control, que hacen una interpretación reduccionista y malintencionada de la participación política de las FARC, que mina el espíritu del punto 2 del Acuerdo, cuando debiera primar una interpretación que tienda a posibilitar la participación democrática de quienes han renunciado al uso de las armas como forma de lucha por la toma del poder, y han suscrito un acuerdo paz desde donde la confrontación deja de ser bélica y se convierte en democrática.


Bajo este escenario es urgente que la sociedad colombiana se movilice, de la misma manera que nos movilizamos frente al peligro que representó para la implementación de los Acuerdos la polarización causada por el uribismo y los sectores reaccionario en el marco del plebiscito. Los hermanos y hermanas indígenas se encuentran en minga por la paz, apoyada también por algunas comunidades afros; es preciso que de manera decidida, en todos los rincones del país, todos y todas nos movilicemos; afros, indígenas, campesinos, estudiantes, trabajadores. Es necesario que nos tomemos las calles y plazas, acudamos al Congreso de ser posible, y exijamos a los y las congresistas a no ponerle más trabas a la PAZ. Tomémonos los barrios, las veredas, los pueblos, las ciudades, tomémonos Colombia y hagamos cumplir al Gobierno lo que firmó con las FARC y démosle paso a la nueva Colombia que queremos.
También es importante convocar a la comunidad internacional, y a los países garantes, llamar a la Misión de Verificación de la ONU a que haga seguimiento a la reincorporación política de la FARC, incluido el rechazo al veto que se plantea a los y las candidatas de este partido para las próximas elecciones legislativas y presidenciales, así como a visibilizar lo que está pasando en los territorios con las comunidades étnicas y campesinas y con los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación; tantos muertos, tanta injusticia, tanta mala fe.
La JEP en su momento, se encargara de juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad, hasta ahora, las FARC han cumplido con todo lo que acordaron, le corresponde gobierno cumplir con su parte y aprobar la JEP, y garantizar la participación política de esa organización.

#PazConImplementación
#MovilicemosPorLaPaz
#LaPazEsDeTodxs








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enero 21, 2018 ,
Desde CENPAZ, integrantes de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos presentamos el PMI. Documento tecnico y politico que contiene los compromisos del Estado colombiano para a construcción de Paz en Colombia. Como Instancia Ampliada, CENPAZ en un trabajo conjunto con la Comisión Etnica, el Pueblos Rrom y Raizal y la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indigenas, construimos un capitulo especial para los Pueblos Étnicos de Colombia desarrollando lo contemplado en el Capitulo Etnico del acuerdo de paz en un trabajo especializado que incluye metas trazadoras, indicadores de impacto y de gestión y consideraciones especificas por cada uno de los 6 puntos y subpuntos del acuerdo de Paz. Como Pueblos Indigenas, Negros, Raizales, Palenqueros y Rrom de Colombia mandatamos el cumplimiento en este sueño de Paz en Colombia y se hagan derechos los compromisos firmados por el Estado de Colombia en este Plan Marco de Implementación.  Descarga el Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP


Resumen Ejecutivo

El presente Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final (PMI) ha sido elaborado por el Gobierno de Colombia, y discutido y aprobado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final (CSIVI), en cumplimiento de las disposiciones del Punto 6.1.1 del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC- EP) el 24 de noviembre de 2016, y refrendado por el Congreso de la República el 2 de diciembre del mismo año.

El PMI orientará las políticas públicas requeridas para el cumplimiento del Acuerdo Final durante los próximos 15 años, y facilitará su seguimiento por parte de las diferentes instancias dispuestas para este fin. De igual forma, será el principal referente para la inclusión de los componentes de paz dentro de los próximos Planes Nacionales de Desarrollo en los términos establecidos en el Acuerdo Final y en el Acto Legislativo 01 de 2016. 

 El documento contiene el conjunto de pilares, estrategias, productos, metas trazadoras e indicadores necesarios para la implementación del Acuerdo Final, organizados por cada punto del mismo, incluyendo los capítulos sobre enfoques de género y étnico. De igual forma, el PMI contiene los aspectos relacionados con la focalización territorial, una sección de estimación indicativa de los costos de implementación y sus fuentes de financiamiento; una sección sobre compromisos de las FARC-EP o del partido o movimiento político que surja de su tránsito a la vida política legal; y finalmente, unas recomendaciones para ser tomadas en cuenta en la implementación del Acuerdo Final (1). 

Según lo establecido en el Acuerdo Final, una vez aprobado el documento presentado por el Gobierno nacional por la CSIVI, se tramitará ante el Consejo Nacional de la Política Económica y Social un Documento CONPES sobre el PMI, en los términos aprobados por dicha Comisión, el cual será contentivo además de los recursos indicativos para para su financiación, así como de sus fuentes. 

(1) El componente de FARC-CSIVI para Plan Marco de Implementación realizó un conjunto de salvedades que pueden ser consultadas en la sección destinada para ese fin. Asimismo, las matrices del PMI contienen una sección con las salvedades realizadas por la Instancia Especial de Alto Nivel para Pueblos Étnicos, sobre contenidos del PMI.

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